Oportunidad inédita para avanzar en protección a denunciantes de corrupción
En el marco de
la Alianza, que la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 de
Medellín, adelanta con Transparencia por Colombia, con el objetivo de sumar
esfuerzos, en la lucha contra la corrupción, mediante la incidencia ante el legislativo
nacional (Congreso de la República) para lograr “la adopción de medidas
efectivas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción”,
compartimos con nuestro colegas y amigos el siguiente:
Comunicado de Prensa 004-2020
·
El 58% de las
personas considera poco probable que las denuncias generen consecuencias, según
el Barómetro Global de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional.
·
Hasta ahora, Colombia
no cuenta con legislación que fortalezca los mecanismos de denuncia y medidas
de protección a denunciantes.
Bogotá D.C., junio 4 de 2020. Transparencia por Colombia reitera el llamado al Estado colombiano para
avanzar decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a
reportantes y denunciantes de actos de corrupción. En esta ocasión, la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes tiene una oportunidad para dar un paso
en esa vía si decide debatir el Proyecto de Ley 008 de 2019 “Pedro Pascasio Martínez”,
antes de finalizar la actual legislatura.
La denuncia es
una pieza fundamental de las estrategias exitosas de lucha contra la
corrupción. Sin embargo, depende de la existencia de condiciones favorables
para realizarla, y en particular de medidas efectivas de protección contra las
represalias que sufren quienes se atreven a reportar y denunciar
irregularidades ante las autoridades competentes. Según el Barómetro Global deCorrupción 2019 de Transparencia Internacional, en Colombia 78% de las personas
piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero
el mismo porcentaje de personas indica que sufrirán represalias si denuncian.
Aun más, 58% considera poco probable que las denuncias generen consecuencias.
“Durante años
la lucha contra la corrupción en Colombia ha sido impulsada por ciudadanos,
funcionarios, periodistas, empresarios y personas que se han atrevido a
levantar la voz para rechazar la corrupción y denunciarla, en muchos casos
pagando con su propia vida”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de
Transparencia por Colombia. “Incluso en medio de la pandemia se ha hecho un
llamado aún más activo a denunciar, pero ya hay casos de amenazas a personas
que reportan irregularidades en el manejo de recursos de la emergencia”, agregó
Hernández haciendo referencia a datos generados por el Centro de Asesoría LegalAnticorrupción.
Proyecto “Pedro Pascasio Martínez”, ¿una oportunidad?
Colombia se ha
comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección a
denunciantes al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra
la corrupción. Incluso la OCDE ha urgido al país adoptar una ley “que proteja
de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los
sectores públicos y privados”. Sin embargo, a la fecha Colombia no cuenta con
legislación en la materia. Comunicado de Prensa 004-2020
Luego de la Consulta Anticorrupción se propusieron
múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo
trámite legislativo. El único que ha llegado a esta instancia, pero que estaría
a punto de hundirse en caso de no pasar a debate en los próximos días en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es el proyecto de ley 008 de
2019 “Pedro Pascasio Martínez”.
Desde su radicación en julio de 2019, el proyecto ha tenido avances
significativos, entre ellos: contemplar definiciones claras sobre la denuncia,
el reporte, las medidas de protección y acción retaliatoria, así como sobre el
rol y alcance del denunciante, reportante y delator; contemplar la creación de
canales específicos para denuncias en todas las entidades públicas, distintos a
los sistemas de quejas y reclamos; fortalecer el rol y alcance de los jefes de
control interno; contemplar medidas de protección a la integridad física del
reportante, denunciante o delator y miembro de su familia; y considerar medidas
de protección en el ámbito laboral, incluso para contratistas de entidades
públicas.
No obstante, preocupa que el proyecto de ley obligue a que las denuncias
no puedan ser anónimas, si se tiene en cuenta que el anonimato es considerado
como un mecanismo de protección esencial según estándares internacionales.
También preocupa que el texto asigne al denunciante una responsabilidad
excesiva sobre el material probatorio que debería acompañar al presentar la
denuncia, considerando que las autoridades competentes para adelantar
investigaciones también deben aportar a ese propósito. Es necesario mantener
una corresponsabilidad entre el denunciante y la autoridad competente en el
tratamiento de la denuncia.
El pasado 1 de junio la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
aplazó el debate del proyecto con el fin de conocer la opinión de la
Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía sobre el mismo, a pesar que estas
entidades ya habían participado en la audiencia pública convocada por la
Comisión en septiembre de 2019. “Esperamos que estas entidades atiendan el
llamado de la Comisión y que se proceda al debate del proyecto de ley antes de
terminar la legislatura”, indicó Hernández.
Más información del Centro de Asesoría legal Anticorrupción
ALAC aquí
Mayor información:
María Paula Rincón | cel: 3012067510
Karen
Ortiz | cel: 3204276552
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