Una Veeduría incómoda.

Editorial Sobre la Mesa 22 de julio de 2020


Acallar, silenciar e intimidar, parecen hechos exclusivos de los titulares, que ocurren en la lejanía propia de famosos personajes, pero se olvida que vivimos en Colombia y que ello también sucede en el barrio y la comuna. Décadas de conflicto social y armado se han dado en paralelo con la práctica política de la intriga, la desinformación y el bulo, lo que abarca un amplio espectro de atentados a la dignidad y a la integridad, que van desde el amedrentamiento y la mordaza, hasta el atentado que sega la vida: nada imposible en un país que se precia en los discursos de sostener la democracia más antigua y sólida de América Latina y en la práctica sobrepasa el umbral del 95% de impunidad judicial, incluyendo amenazas, desplazamientos y asesinatos de no pocos líderes sociales, mujeres, indígenas, afros y firmantes de la paz.

En ese estado permanente de zozobra, como un mar en tensa calma, navegan cientos de miles de colombianos que ejercen el derecho fundamental a decir y a contradecir lo que les parece injusto, indigno o ilegal, no solo amparados en una Constitución Política que no detiene físicamente la agresión, sino también en un cansancio que sacude la opresión y en un miedo perdido que asegura que el mundo no tiene por qué ser como es, ni como lo imponen y venden ciertas fuerzas del poder. Le pasa al famoso y al discreto, a la cantante y a la defensora de su tierra, al comediante y al campesino anónimo, al viejo y la niña, a la joven y a la adulta, al cura y al indígena, al estudiante y al graduado. En Colombia se acalla a cualquiera, independiente de la condición que ostente, salvo la de ser alguien incómodo para el poder establecido.

Pareciera que en la abundancia de corrupción y nepotismos, que son como adjetivos que se combinan naturalmente con cargos y apellidos, el ejercicio ciudadano veedor en Medellín amenazara naufragar; pero no es así, mucho menos en los candentes momentos donde se discute la participación, la planeación y el presupuesto en las comunas, en una ciudad que no supera la improvisación administrativa de sus diversas corporaciones, dependencias y entidades. Allí están las veedurías correspondiendo a su deber y -como explica la realidad del país, la ciudad y el barrio- también acuden las fuerzas oscuras del poder.

La Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 – Doce de Octubre, ha venido siendo objeto de un constante hostigamiento a su labor, que rebasa la “normalidad” de la contradicción y se ubica en la agresión de un antagonismo. Se le ha vetado la presencia y el seguimiento a las sesiones de instancias como el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6, que debate y decide a puerta cerrada, que no publica actas y que bajo el título de “falta gravísima” en su reglamento interno, prohíbe a sus miembros grabar las reuniones, tomar fotografías y difundir las discusiones y decisiones, cubriendo con el manto del secreto y el hermetismo, un ejercicio que por antonomasia debería ser abierto, publicitado y público, tal como juraron defender sus miembros ante la Constitución y la ley, incluyendo los ediles de la Junta Administradora Local.

Fue allí, en el Consejo Comunal de Planeación en 2017, donde el representante del sector de Recreación y Deporte y reconocido contratista de recursos públicos, Alexis Heriberto Castrillón, manifestó estar siendo extorsionado por grupos ilegales, culpando a la Veeduría de ser motivadora del delito. Esta situación se repitió el 2 de julio de este año, en un programa en vivo con el Personero de Medellín, William Vivas, en el cual manifestó, entre otras cosas que

“La Junta Administradora Local y Asocomunal, nos sentimos vulnerados y amenazados por la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 […] por su culpa yo he sido extorsionado en esta comuna. Por sus comentarios malintencionados, por sus apuestas políticas, mezclaron lo comunitario con la política […] Utilizan los medios para acusar a la gente de corruptos y en el caso de la Junta Administradora Local y nosotros, sin ninguna prueba. ¿Quién regula a las Veedurías?”,

a lo que el Personero y el coronel de la Policía Nacional, Daniel Mazo, respondieron que asumirían directamente la denuncia, para activar las rutas institucionales necesarias.

A lo anterior se suma el uso de “trols” en redes sociales, que son personas que esconden su identidad para realizar comentarios provocadores o sin sentido, con el ánimo de crear tendencias, influir en los imaginarios o simplemente interrumpir la dinámica de una sesión virtual o en un proceso de comunicación; algo por demás, muy común en el ejercicio de instancias de poder y de medios de comunicación en las llamadas “bodeguitas”, las cuales usan perfiles inflados de seguidores que han sido comprados de páginas antiguas de Facebook y Twitter, que de un momento a otro reportan miles de simpatizantes, tan solo con la intención de simular influencia o demostrar capacidad mediática.

Según expertos consultados por la Veeduría, el problema no se halla tanto en los comentarios de las redes, siempre y cuando estos hagan referencia a una situación respetuosa que se pueda asumir en el debate -pues el anonimato en lo virtual es posible y muy común- sino en el uso de estos para la comisión de algún delito o agresión como la intimidación, la amenaza, la estafa o el fraude (sobre todo de recursos públicos), entre otros. A ello se le suma el engaño a la comunidad, en el uso de los medios de comunicación comunitarios como una gran plataforma de información que no existe y que solo disfraza la incapacidad de generar procesos locales. Por eso se acude al incógnito y a la compra de perfiles.

La más reciente agresión -que seguramente no será la última- fue el ataque de siete hackers a la transmisión en vivo del programa Sobre la Mesa – Emisión fin de semana, del sábado 18 de julio, donde de manera simultánea en la sala de intervención, se mostraron agresivas imágenes pornográficas que interrumpieron la transmisión por un momento, mientras se logró conjurar el embate. Según las investigaciones adelantadas, esto solo es posible llevarlo a cabo simultáneamente, con igual número de dispositivos, lo que requiere capacidad técnica y de la participación de tres o más personas, para llevar a cabo el ataque en sincronía, lo que infiere que este fue planeado, premeditado y con la intención clara de acallar el tema tratado: la planeación del recurso público en la ciudad.

La pregunta es ¿a quién está incomodando la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6, que merezca un linchamiento continuo de parte de la Junta Administradora Local, la Asocomunal, contratistas, algunos representantes ante el Consejo Comunal de Planeación y ahora, de trols y hackers?

La carencia de argumentos para el debate y la condición de sentir el control ciudadano de los recursos públicos y la planeación en la ciudad y la comuna, incitan a muchos a impulsar a la muchedumbre a asumir una crítica sin dirección y sin sentido, no solo para crear odios infundados, sino también para ocultar el sol de la incompetencia, la ineptitud y la corrupción, tras el dedo que acusa de extorsión y trata de acallar el ejercicio veedor en el anonimato de la red. “Ladran los perros, Sancho; señal que caminamos”.

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