Una Veeduría incómoda.
Editorial Sobre la Mesa 22 de julio de 2020
Acallar, silenciar e intimidar, parecen hechos exclusivos de los titulares,
que ocurren en la lejanía propia de famosos personajes, pero se olvida que
vivimos en Colombia y que ello también sucede en el barrio y la comuna. Décadas
de conflicto social y armado se han dado en paralelo con la práctica política
de la intriga, la desinformación y el bulo, lo que abarca un amplio espectro de
atentados a la dignidad y a la integridad, que van desde el amedrentamiento y
la mordaza, hasta el atentado que sega la vida: nada imposible en un país que
se precia en los discursos de sostener la democracia más antigua y sólida de
América Latina y en la práctica sobrepasa el umbral del 95% de impunidad
judicial, incluyendo amenazas, desplazamientos y asesinatos de no pocos líderes
sociales, mujeres, indígenas, afros y firmantes de la paz.
En ese estado permanente de zozobra, como un mar en tensa calma, navegan
cientos de miles de colombianos que ejercen el derecho fundamental a decir y a
contradecir lo que les parece injusto, indigno o ilegal, no solo amparados en
una Constitución Política que no detiene físicamente la agresión, sino también
en un cansancio que sacude la opresión y en un miedo perdido que asegura que el
mundo no tiene por qué ser como es, ni como lo imponen y venden ciertas fuerzas
del poder. Le pasa al famoso y al discreto, a la cantante y a la defensora de
su tierra, al comediante y al campesino anónimo, al viejo y la niña, a la joven
y a la adulta, al cura y al indígena, al estudiante y al graduado. En Colombia
se acalla a cualquiera, independiente de la condición que ostente, salvo la de
ser alguien incómodo para el poder establecido.
Pareciera que en la abundancia de corrupción y nepotismos, que son como
adjetivos que se combinan naturalmente con cargos y apellidos, el ejercicio
ciudadano veedor en Medellín amenazara naufragar; pero no es así, mucho menos
en los candentes momentos donde se discute la participación, la planeación y el
presupuesto en las comunas, en una ciudad que no supera la improvisación
administrativa de sus diversas corporaciones, dependencias y entidades. Allí
están las veedurías correspondiendo a su deber y -como explica la realidad del
país, la ciudad y el barrio- también acuden las fuerzas oscuras del poder.
La Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 – Doce de Octubre, ha venido
siendo objeto de un constante hostigamiento a su labor, que rebasa la
“normalidad” de la contradicción y se ubica en la agresión de un antagonismo.
Se le ha vetado la presencia y el seguimiento a las sesiones de instancias como
el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6, que debate y decide a puerta
cerrada, que no publica actas y que bajo el título de “falta gravísima” en su reglamento
interno, prohíbe a sus miembros grabar las reuniones, tomar fotografías y
difundir las discusiones y decisiones, cubriendo con el manto del secreto y el
hermetismo, un ejercicio que por antonomasia debería ser abierto, publicitado y
público, tal como juraron defender sus miembros ante la Constitución y la ley,
incluyendo los ediles de la Junta Administradora Local.
Fue allí, en el Consejo Comunal de Planeación en 2017, donde el
representante del sector de Recreación y Deporte y reconocido contratista de
recursos públicos, Alexis Heriberto Castrillón, manifestó estar siendo
extorsionado por grupos ilegales, culpando a la Veeduría de ser motivadora del
delito. Esta situación se repitió el 2 de julio de este año, en un programa en
vivo con el Personero de Medellín, William Vivas, en el cual manifestó, entre
otras cosas que
“La Junta
Administradora Local y Asocomunal, nos sentimos vulnerados y amenazados por la
Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 […] por su culpa yo he
sido extorsionado en esta comuna. Por sus comentarios malintencionados, por sus
apuestas políticas, mezclaron lo comunitario con la política […] Utilizan los
medios para acusar a la gente de corruptos y en el caso de la Junta
Administradora Local y nosotros, sin ninguna prueba. ¿Quién regula a las
Veedurías?”,
a lo que el Personero y el coronel de la Policía Nacional, Daniel Mazo, respondieron
que asumirían directamente la denuncia, para activar las rutas institucionales
necesarias.
A lo anterior se suma el uso de “trols” en redes sociales, que son personas
que esconden su identidad para realizar comentarios provocadores o sin sentido,
con el ánimo de crear tendencias, influir en los imaginarios o simplemente
interrumpir la dinámica de una sesión virtual o en un proceso de comunicación;
algo por demás, muy común en el ejercicio de instancias de poder y de medios de
comunicación en las llamadas “bodeguitas”, las cuales usan perfiles inflados de
seguidores que han sido comprados de páginas antiguas de Facebook y Twitter,
que de un momento a otro reportan miles de simpatizantes, tan solo con la
intención de simular influencia o demostrar capacidad mediática.
Según expertos consultados por la Veeduría, el problema no se halla tanto
en los comentarios de las redes, siempre y cuando estos hagan referencia a una
situación respetuosa que se pueda asumir en el debate -pues el anonimato en lo
virtual es posible y muy común- sino en el uso de estos para la comisión de
algún delito o agresión como la intimidación, la amenaza, la estafa o el fraude
(sobre todo de recursos públicos), entre otros. A ello se le suma el engaño a
la comunidad, en el uso de los medios de comunicación comunitarios como una
gran plataforma de información que no existe y que solo disfraza la incapacidad
de generar procesos locales. Por eso se acude al incógnito y a la compra de
perfiles.
La más reciente agresión -que seguramente no será la última- fue el ataque
de siete hackers a la transmisión en vivo del programa Sobre la Mesa – Emisión
fin de semana, del sábado 18 de julio, donde de manera simultánea en la sala de
intervención, se mostraron agresivas imágenes pornográficas que interrumpieron
la transmisión por un momento, mientras se logró conjurar el embate. Según las
investigaciones adelantadas, esto solo es posible llevarlo a cabo
simultáneamente, con igual número de dispositivos, lo que requiere capacidad
técnica y de la participación de tres o más personas, para llevar a cabo el
ataque en sincronía, lo que infiere que este fue planeado, premeditado y con la
intención clara de acallar el tema tratado: la planeación del recurso público
en la ciudad.
La pregunta es ¿a quién está incomodando la Veeduría al Plan Estratégico de
la Comuna 6, que merezca un linchamiento continuo de parte de la Junta
Administradora Local, la Asocomunal, contratistas, algunos representantes ante
el Consejo Comunal de Planeación y ahora, de trols y hackers?
La
carencia de argumentos para el debate y la condición de sentir el control
ciudadano de los recursos públicos y la planeación en la ciudad y la comuna,
incitan a muchos a impulsar a la muchedumbre a asumir una crítica sin dirección
y sin sentido, no solo para crear odios infundados, sino también para ocultar
el sol de la incompetencia, la ineptitud y la corrupción, tras el dedo que
acusa de extorsión y trata de acallar el ejercicio veedor en el anonimato de la
red. “Ladran los perros, Sancho; señal que caminamos”.
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