Revocatoria de mandato: un mecanismo de participación ciudadana y de control social a la gestión de lo público
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. [1]
El fenómeno de violencia y desestabilización socio cultural que desató el narcotráfico en Medellín, a finales de los 80 e inicios de los 90, también provocó una simbiosis entre las diferentes fuerzas vivas de la ciudad, las cuales, debido a su naturaleza e intereses, no eran muy afines: empresarios, comerciantes, académicos, sectores políticos, medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG),[2] Organizaciones Sociales (ORSO), organizaciones comunitarias (JAC), ciudadanos y muchos más; iniciaron un proceso de articulación con el objetivo de recuperar la gobernabilidad y la seguridad de la ciudad, mediante la suma de voluntades, sueños e intereses, lo cual dio como resultado varias propuestas de desarrollo para la ciudad a corto, mediano y largo plazo.
Aunque los habitantes de Medellín, individualmente, aún no eligen el burgomaestre con base en los programas de gobierno de los candidatos, la reacción de la sociedad civil antes mencionada, se constituyó en una forma de control social sobre los mandatarios elegidos mediante el voto popular en los periodos subsiguientes. La presión que ejercen estos grupos de opinión de manera individual o articuladamente, ha logrado que la ciudad alcance un gran crecimiento en infraestructura y un desarrollo en la atención de las necesidades básicas, medianamente aceptable.
Mandatarios inanes.
En contraposición a este fenómeno de empoderamiento de las fuerzas vivas de la ciudad -que en la actualidad se están reactivando- la capacidad para liderar procesos de desarrollo social de los mandatarios elegidos en los recientes periodos, ha venido en decadencia. Se ha vuelto frecuente que los alcaldes y algunos de sus secretarios de despacho, actúen más como parte de un equipo de mercadeo de la alcaldía o influenciadores, pues figuran profusamente en redes sociales, protagonizan shows mediáticos y enfocan sus estrategias de gobierno en el impacto de los medios. Pareciera que no logran trascender el político en campaña para convertirse en el mandatario que los ciudadanos eligieron y requieren, para disminuir las brechas de desigualdad que les margina y les impide disfrutar el crecimiento de la ciudad en infraestructura, además de participar activamente en la construcción de un desarrollo inclusivo y justo.
Las dos ciudades.
La educación juega un papel preponderante en la generación de desarrollo en la comunidad. En Medellín, hay niños y jóvenes que gracias a la capacidad económica de sus familias, pueden acceder a educación de calidad; los otros, deben conformase con la educación pública.
En cuanto a infraestructura, la ciudad hizo -hace varios años- una inversión importante en la construcción y adecuación de edificaciones destinadas para la educación preescolar, básica primaria y básica secundaria y en su dotación con equipos y mobiliario. Luego de la emergencia sanitaria, se empezaron a escuchar voces de alerta sobre el deterioro de estos y de las edificaciones mismas, debido a la falta de mantenimiento.
Aunque la Administración Municipal reporta en sus datos una cobertura del 100 %, el porcentaje de deserción,[3] principalmente en los grados de la básica secundaria es preocupante. La emergencia sanitaria también develó que un porcentaje muy importante de los niños, niñas y adolescentes de las comunas de ingresos bajos y medio - bajo, no cuentan con los equipos, el conocimiento, ni el acompañamiento familiar para incorporarse de manera adecuada y equitativa a la ya iniciada “Cuarta Revolución Industrial, Tecnológica y Cultural”. Lo más preocupante que develó la emergencia sanitaria, es que muchos niños, niñas y jóvenes de estas comunas, dependen de las raciones alimentarias que les otorgan en las instituciones educativas, para lograr su propia supervivencia.
Los jóvenes egresados de las instituciones educativas de estas comunas, difícilmente acceden a la educación superior, incluida la técnica y tecnológica. Las dificultades más frecuentes que presentan son debilidad en áreas como: matemáticas, compresión y redacción de textos. Aunque la ciudad ha destinado importantes recursos para la educación superior pública, tanto en la creación de instituciones universitarias nuevas, como en la gratuidad de estas; la deserción de estudiantes -debido a los vacíos académicos de la básica primaria y secundaria- es un factor que incide negativamente en la meta que más jóvenes de estas comunas se gradúen de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.
Como se puede deducir, existe una debilidad en la educación preescolar, básica primaria y básica secundaria, la cual no está siendo atendida en estos territorios.
La seguridad.
Los indicadores de Medellín sobre la seguridad real y la percibida, en términos generales, se han mantenido estables (calma chicha: inseguridad fermentándose silenciosamente) desde que se conoció -como un mito urbano- la “Donbernabilidad”; representada en la reducción significativa de los hechos que generan inseguridad real o percibida, debido a una decisión unilateral o a un presunto pacto oculto o tácito entre algunos sectores de poder de la ciudad y los grupos delincuenciales, establecidos principalmente en las comunas de ingresos bajo y medio - bajo.
Más allá de la posibilidad de establecer con claridad, si la reducción y mantenimiento de los porcentajes (medianamente aceptables)[5] de seguridad real y percibida obedecen a algún tipo de pacto, lo cierto es que los habitantes de las comunas populares de Medellín, tienen muy claro quién les garantiza la seguridad y también, a quién acudir en caso de necesitar solucionar conflictos con sus vecinos. Desafortunadamente, no son las autoridades del Estado.
Esta realidad evidencia que, como en el caso de la educación, en el territorio que conocemos como Medellín coexisten dos ciudades. Por un lado se encuentra una gobernada por las autoridades estatales: la ciudad de las oportunidades para quienes tienen la capacidad adquisitiva de adquirir los bienes y servicios que ella ofrece, la ciudad para mostrar y vender en el resto del mundo, la Ciudad de la Eterna Primavera, la Tacita de Plata, la ciudad resiliente, la ciudad pionera de la Cuarta Revolución Industrial, Tecnológica y Cultural de América Latina; la del Valle del Software. Por otro lado, se vive la ciudad gobernada por la delincuencia o por un “Gobierno Criminal”, donde la gobernanza, las Juntas Administradoras Locales y las autoridades municipales, solo son subsidiarias:
“En muchas ciudades del mundo, los grupos de crimen organizado representan una amenaza creciente para la paz y el desarrollo. Estos grupos generan altos niveles de violencia, operan economías ilegales y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública. En muchos casos, los mencionados grupos ejercen además funciones similares a las de los Estados, entre las que se incluyen resolver disputas y problemas de las comunidades, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar impuestos. Al ejercicio de estas funciones se le conoce en la literatura como gobierno criminal. Medellín no es ajena a lo anterior. Los principales problemas de seguridad ciudadana que tiene la ciudad están íntimamente relacionados con una compleja y sofisticada estructura de grupos criminales que no solo controlan la actividad delincuencial, sino que gobiernan numerosas comunidades. En otras palabras, la mayoría de las expresiones delictivas de Medellín no están asociadas con actores individuales y lógicas de oportunidad o violencia expresiva. Al contrario, la mayor parte del crimen de la ciudad es instrumental y organizado. Entre los problemas generados por el crimen organizado en la ciudad se encuentran el homicidio, la extorsión, la venta de drogas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el gobierno criminal de cientos de habitantes de barrios de ingreso bajo y medio-bajo.”Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo. Blattman, Christopher. Duncan, Gustavo y otros.
El transporte y la movilidad.
La Medellín para mostrar y vender, es referente en el país y en el continente en materia de transporte público. El sistema Metro, articulado a los metrocables, tranvías y demás subsistemas integrados, es catalogado como un patrimonio público, generador de calidad de vida para los habitantes de la ciudad. En la ciudad real, la cantidad de vehículos privados sobrepasó -hace mucho rato- la capacidad de la infraestructura vial.[6] Esto tiene repercusiones en la calidad de vida de sus habitantes, puesto que el colapso de las vías tanto en el centro de la ciudad, como en los barrios de ingreso bajo y medio - bajo, hace que los ciudadanos inviertan largos periodos de tiempo desplazándose desde sus viviendas al lugar de trabajo y viceversa; viéndose ostensiblemente afectado el tiempo que utilizan para descansar, compartir con sus familias y amigos, estudiar, practicar un deporte y llevar a cabo otras actividades de goce y disfrute del tiempo y del ocio.
En materia de medio ambiente, la falta de una estrategia eficaz para disminuir las problemáticas generadas por el transporte y la movilidad, también contribuye en gran medida a la disminución de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Estrategias como el “Día Sin Carro”, dejó como resultado la disminución de las ventas y la consecuente inconformidad de los comerciantes; el “Pico y Placa” tiende a convertirse en otro impuesto, más que en una solución al alto grado de contaminación de la ciudad: quien pague una cuota mensual, quedaría exento de la medida.
Aunque las problemáticas de la movilidad afectan ambas ciudades, sin lugar a dudas, la informalidad e ilegalidad en la construcción de viviendas, la ocupación informal e ilegal del espacio público por vehículos y por el comercio, la falta de planeación y el ejercicio del Gobierno Criminal, son factores que afectan, principalmente, a los habitantes de los barrios y comunas de ingreso bajo y medio - bajo, donde la capacidad del Estado, representado en la Junta Administradora Local y la Administración Municipal, es subsidiaria y en algunos casos, ni alcanza tal categoría.
¿Por qué es importante que los ciudadanos empecemos a utilizar la revocatoria de mandato,[7] como mecanismo de participación ciudadana y de control social a la gestión de lo público?
Los ciudadanos eligen mandatarios, porque en su programa de gobierno se comprometen a cumplir la Constitución y las Leyes. Esto es:
“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” [8]
La Constitución y las Leyes también facultan a los ciudadanos para ejercer la revocatoria del mandato, en el caso que no cumplan los compromisos adquiridos, o que al menos, no realicen acciones tendientes a cumplirlos. En el caso de Medellín, temas como la educación, la seguridad, el transporte y la movilidad, requieren procesos de intervención concienzudamente planeados y ejecutados sistemáticamente. El titular en la prensa y las redes sociales, sobre la captura de un cabecilla de una banda delincuencial, en cabeza del alcalde, no se convierte per se, en el resultado exitoso de una gestión. Es necesario dar a conocer públicamente la estrategia con que se intervendrá la problemática, para que los ciudadanos puedan hacer monitoreo y seguimiento a esos indicadores.
Los ciudadanos, mandantes, otorgan un mandato y tienen el deber y el derecho a vigilarlo, controlarlo y de ser necesario, a revocarlo.
La sociedad civil de Medellín, no obstante los múltiples intereses individuales que la distancian, ha demostrado que en momentos críticos, donde es necesaria la articulación y los consensos, los ha logrado. En la actualidad es fundamental recuperar la ética, la moral y la rigurosidad en la administración de lo público. La ciudad requiere de mandatarios visionarios, que tengan la capacidad de proyectar y gestionar el desarrollo de la ciudad -inclusive- más allá de su periodo de gobierno; mandatarios con capacidad de gestión, de ejecución y lo más importante, con sensibilidad social y política para reducir las brechas que hoy dividen la ciudad en dos, tanto en temas como la educación, la seguridad, el transporte y la movilidad, así como en la cohesión social.
El año 2022 debe ser el de la reactivación de la sociedad civil, empoderada de la participación ciudadana crítica y del control social a la gestión pública. Medellín cuenta con las personas y los recursos económicos necesarios, para que sus habitantes avancen de manera digna hacia la nueva revolución cultural y tecnológica. No se puede continuar improvisando en algo tan importante como es la garantía del desarrollo digno de sus conciudadanos.
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[1] Constitución Política de Colombia de 1991.
[2] Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo. Ver: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/que-es-una-ong/
[3] En la redición de cuantas, sobre la inversión que realiza la Comuna 6, para educación superior con recursos del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo del periodo 2015 – 2016, las Instituciones Universitarias: Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y Pascual Bravo, alertaron por primera vez, sobre el alto porcentaje de deserción en los estudiantes de estas universidades; las causas detectadas fueron, debilidades académicas, en áreas como: matemáticas y lectoescritura, entre otras. En los periodos siguientes, la Comuna decidió destinar recursos para implementar cursos extracurriculares con el fin de subsanar dichos vacíos académicos, con no muy buenos resultados.
[5] Medellín Cómo Vamos https://n9.cl/v707m
[6] En un estudio publicado por la compañía estadounidense Inrix, Medellín ocupó el puesto 22 dentro de las 25 ciudades más congestionadas del mundo. Se estima que se pierden 66 horas cada año en medio de los trancones. https://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/volvieron-los-trancones-a-medellin-que-hacer-CH15216510
[7] La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana, previsto en la Ley 134 de 1994, con el que cuentan los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado; además de un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Ver: https://www.registraduria.gov.co/Que-es-la-revocatoria-de-mandato,22249.html
[8] Constitución Política de Colombia. Artículo 2.
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